domingo, 12 de septiembre de 2010

Sobre las distintas concepciones de "Política Social". Breve Análisis.

Hablar de políticas sociales supone adentrarse en una cantidad considerable de apreciaciones, significaciones o perspectivas. Implica participar en el concierto de ideas sobre lo que consideramos un mundo justo, una vida buena, una sociedad de iguales, donde se evidencia el alcance de nuestras sensibilidades como especie humana. Como bien nos decía Edgar Morin (1981), la política trata sobre los asuntos más difíciles (los asuntos humanos) pero a la vez los más preciosos: la vida, el destino, la libertad de los individuos y las colectividades. A las complejidades que pueden estar presentes en un debate de este tipo, habría que añadir lo señalado por Titmuss (1981), sobre aquellos aspectos inevitables al momento de abordar el término “política social”, como por ejemplo, la necesidad de darle su especificidad al lado de otros conceptos con los que generalmente suele estar asociado: servicios sociales, bienestar social, administración social, seguridad social o estado de bienestar, o de igual forma, evaluar a qué debemos darle más peso o ponderación en nuestras definiciones, a los métodos o a los fines últimos, a las tecnologías o a la sociedad que queremos construir. Sin embargo, una de las consideraciones más relevantes que hace Titmuss tiene que ver con la necesidad de situar la política social en relación con su contexto social, analizarla en sus particularidades históricas y culturales. No podemos estudiar y comprender una política social sin explorar los cambios que se han dado en la población, los cambios igualmente registrados en la familia, la posición de las mujeres, la estratificación social, los efectos de la industrialización o los prejuicios raciales:

La política, cualquier política, para ser efectiva debe escoger un objetivo y ha de enfrentarse a dilemas de elección. Sin embargo, para entender esa línea de actuación, para distinguir entre fines (lo que deseamos o creemos que deseamos) y medios (el modo de alcanzar los objetivos), tenemos que plantearla en el contexto de un conjunto particular de circunstancias, una sociedad y cultura dadas, y un período histórico más o menos especificado. En otras palabras, la política social no puede discutirse o incluso conceptualizarse en un vacío social (Titmuss, 1981: 17)

Develar lo que es hoy el objetivo de las políticas sociales, es dar una mirada al ayer, es volcar nuestra atención a coyunturas, situaciones, acciones y actores, que condicionaron el desarrollo conceptual de la política social. Para Bustelo (2000), esta evolución del concepto comienza con las consideraciones sobre la pobreza y la indigencia como susceptibles de ser subsanadas a través de actos de filantropía y altruismo individuales, pasando por el análisis y tratamiento científico de la pobreza desde el Estado, en este caso en términos de necesidades humanas, hasta llegar al concepto de derechos sociales, como parte de un proceso de expansión progresiva de la ciudadanía en la Modernidad. Esta última consideración, tomada de las ideas de Thomas Marshall en su ensayo “Ciudadanía y clase social” (1997 [1949]), plantea que el desarrollo de la ciudadanía ha pasado por fases o etapas, y cada una de ellas irrumpe en espacios temporales exclusivos, logrando objetivos específicos. Mientras que una de las etapas se caracterizó por la consolidación de los derechos asociados a la libertad (derechos civiles, siglo XVIII), y en un segundo momento se abogó por los derechos vinculados con la participación (derechos políticos, siglo XIX), es a partir del siglo XX cuando empiezan a tener forma los “derechos sociales”, entendidos como las garantías mínimas en condiciones de salud, educación y seguridad social (Bustelo, op. cit: 63) para los miembros de una comunidad política, y como última fase de crecimiento de la ciudadanía moderna:

El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual –libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia (…) Con el elemento político me refiero al derecho de participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de los miembros de tal cuerpo (…) Con el elemento social me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad. (Marshall, 1997: 302 y 303)

Ya esta idea supone un avance considerable para circunscribir el objetivo de las políticas sociales, sin embargo, la delimitación de este aspecto no abarca por completo la totalidad del problema. De acuerdo a Marshall, la llamada “ciudadanía social”, en la medida en que no siempre se obtiene por concesión espléndida del Estado, ni es posible por sí sola de modificar la estratificación de una sociedad, es más un producto inacabado que exige una constante actualización y revalorización:

Marshall (…) entendió los derechos sociales como habilitaciones para su ejercicio, como desarrollo de capacidades, y por lo tanto, abiertos a la posibilidad de su conquista. Los derechos sociales no son dádivas a súbditos y presuponen la constitución de actores que “ganen” el espacio político que posibilite su implementación efectiva. (Bustelo, 2000: 64 y 65)

En este caso, la revalorización surgirá producto del debate, del consenso o del disenso con respecto a lo que queremos como sociedad, a lo que deseamos en el futuro, a la “utopía posible” (Bustelo, Op. Cit.: 245-252) que se construya en el juego democrático. Viejos temas se tratarán y nuevos temas se incluirán en los puntos de cuenta de la agenda sobre la “cuestión social”:

Cuando hablamos de la cuestión social nos referimos al conjunto de aspectos de la vida social y económica que tenemos razones para incluir en la esfera de las políticas públicas o en el campo de las relaciones entre el Estado y la Sociedad (…) Este es el campo donde se discuten razones de valor y en el cual la política pública se conecta con las relaciones entre el mundo social y el mundo político, o entre lo que existe en la realidad social y lo que se desea cambiar de ella. (D´Elia, 2006: 18)

Es aquí donde se abren las interrogantes éticas sobre lo que necesitamos como sociedad, sobre lo que nos relaciona y es necesario que se mantenga. Una política social estará acorde a su correspondiente formación socio-histórica en la medida en que se creen los espacios para el cuestionamiento de aquello que nos une o nos separa, y en particular, de aquello que nos permitirá llevar una existencia digna, valiosa, interesante, plena, donde tengan cabida y se satisfagan nuestros intereses personales y colectivos. Estas necesidades sociales abarcan las expectativas de vivir bien y vivir como deseo, de resolver mis inquietudes de acuerdo al tipo de vida en el que creo (D´Elia, Op. Cit.: 19), y eso dependerá de cómo construya los vínculos.

Este breve recorrido por algunas de las dificultades que plantea el hecho de definir a la política social nos sirve de introducción a algunas tentativas o esfuerzos por darle cierre al concepto. Para Bustelo (2000: 228), la política social es aquella “destinada a construir sociedad y, sobre todo, a cómo construir democráticamente una sociedad justa”. Si bien esta acepción deja clara la relación entre política social y proyecto político (1) , no es precisa sobre el responsable principal de la política social y las áreas en las cuales debe intervenir o corregir para emprender tan loable tarea como la de “construir sociedad”. Yolanda D´Elia (2006) nos da mayor claridad al identificar directamente a las instituciones que integran el aparato burocrático estatal como las responsables de emplear unos medios específicos para conseguir un objetivo transformador, sin ignorar el condicionamiento contextual que permea semejante labor:

La política social se define generalmente como un conjunto de instrumentos a disposición del Estado para orientar sus acciones, producto de una dinámica de tensiones y soluciones políticas originadas en una sociedad y en un contexto histórico determinado, en el que participan actores sociales y se da un papel al Estado para intervenir en los asuntos de la vida social y económica (…) la política social tiene que ver directamente con el sistema de integración social, y esto incluye todos los aspectos de la vida social que están caracterizados por elementos que construyen identidad, legitimidad, comunidad, justicia y equidad (D´Elia, Op. Cit.: 29)

En este sentido, Montagut (2000) previo ejercicio de disección semántica sobre la política y lo social, muy parecido al que desarrolla Titmuss, circunscribe mucho más el concepto, asignándole la responsabilidad explícita de responder a áreas-problema puntuales de la sociedad. Por esta razón, política social será asumida como:

(…) aquella política relativa a la administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del estado y de las autoridades locales, en aspectos tales como salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales. Política que tendría como finalidad la de paliar determinados problemas sociales o, de una forma más modesta, perseguir objetivos que generalmente son percibidos como respuesta a tales problemas. (Montagut: 20)

Teniendo claro el concepto, veamos algunas de las tipologías de políticas sociales que consideramos más importantes. Richard Titmuss (1981), expuso tres modelos de política social que a su juicio constituían un intento de “dar orden en todo el desorden”, esfuerzo que no dejó de ser considerado una aproximación por el propio autor, ante la producción intelectual de la época en torno al tema, y como estrategia para revelar las diferencias éticas más importantes. Para Titmuss existe un “Modelo residual de política social” que busca satisfacer las necesidades sociales de la población que no encuentran respuesta por las “vías naturales”: el mercado y la familia. La intervención del Estado bajo esta modalidad está concebida como de emergencia, ya que se manifiesta cuando el individuo demuestra su incapacidad para resolver sus carencias, y tendrá una duración preferiblemente temporal. Una segunda modalidad, basada en el “Logro personal-resultado laboral”, tiene una orientación meritocrática, en tanto que asocia la protección social a los éxitos o productos alcanzados en el trabajo. Vinculado a la motivación y a la productividad, bajo esta política social se construye un sistema de beneficios orientada a conseguir una lealtad de tipo corporativa. Y existe un tercer tipo, denominado “institucional redistributivo”, regido por el principio de la igualdad social y que considera a los servicios sociales como mecanismos para resolver determinados problemas sociales o satisfacer ciertas necesidades de la población. De acuerdo a Fleury (1997), en el primer modelo (residual), la acción gubernamental tiene un carácter compensatorio y está enfocada en los fracasados de la sociedad, aquellos que no pueden suplir sus demandas por su propia cuenta. En el segundo modelo (meritocrático), lo que se busca es mantener el status social adquirido durante la vida económica activa en las situaciones donde existe pérdida del capital laboral. En el tercer modelo (redistributivo), al contrario de los otros dos modelos, el mercado no aparece privilegiado, de hecho, lo que se busca es regularlo, estableciendo garantías mínimas de renta, bienes y servicios para todos los ciudadanos. La tipología clásica de Titmuss, si bien susceptible de críticas y revisiones de acuerdo a la bibliografía consultada, constituye un esfuerzo de conceptualización con plena vigencia, que además sirvió de inspiración para otros autores:

A pesar de las críticas hechas a esta tipología en cuanto a su matiz ideológico, su perspectiva endogenista, la polarización entre residual versus institucional, su incapacidad de percibir los diferentes mix público/privado; lo cierto es que hasta el momento sigue siendo utilizada porque no fue superada por los estudios que le sucedieron. Ella fue la que mejor recortó los tres tipos y condensó en modelos idealizados sus características centrales, igualmente teniendo como ejes los arreglos institucionales de los sistemas de protección social y las tensiones entre el mercado y la esfera pública (…) (Fleury, 1999: 138)

Entre los autores inspirados por Titmuss, se encuentra el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen, quién nos ofrece una descripción de los procesos de democratización social del capitalismo, comparando las soluciones ofrecidas para cada conflicto distributivo que emerge en su seno (Fleury: 138), y cuál es el efecto de las políticas sociales en la estratificación social, así como el grado de satisfacción de las necesidades de individuos y familias fuera del mercado (Montagut, 2000: 78). La clasificación planteada por Esping-Andersen distingue tres modelos de capitalismo de bienestar: liberal, conservador y socialdemócrata. En el modelo liberal, prevalecen las ayudas o transferencias a individuos o grupos que no poseen recursos, siendo el mercado la institución más apropiada para garantizar la protección social. El Estado estimula al mercado directa o indirectamente y se produce un efecto dual o de polarización en la población, entre un sector protegido por la política social (pobreza) y otro sector con bienestar social provisto de forma individual (riqueza). En el modelo conservador, los derechos sociales garantizados están menos relacionados con el mercado y más con la lógica corporativista, con la filiación de clase o status social que brinda el trabajo, y en caso de fallar este vínculo, la familia y en último caso el Estado, son los responsables de proveer de protección social al individuo. En el caso del modelo social-demócrata, la prestación de los servicios sociales se garantiza a todos los ciudadanos por igual. Las instituciones públicas se encargan de prestar asistencia, promoviendo la igualdad desde arriba y la inclusión social (Montagut, Op. Cit.: 79 y 80). La solidaridad es el principio rector y la desmercantilización o la corrección de las inequidades producidas por el mercado son las metas de estas políticas sociales (Fleury, Op. Cit.: 139). La particularidad de la clasificación propuesta por Esping-Andersen reside en su capacidad para evidenciar cómo cada política social instrumentada, es causa y consecuencia de determinadas condiciones socio-históricas:

Cada modo de organizar la protección social tiene distintos efectos sobre las realidades sociales en las que intervienen. Así, se puede decir que la estructura social de aquellos países en los cuales su forma prioritaria de cobertura ha sido el mercado liberal consolida una sociedad dual, mientras que el modelo conservador o corporativo provoca una sociedad fuertemente estratificada, y el modelo socialdemócrata ha logrado reducciones importantes en los niveles de desigualdad (Montagut, Op. Cit.: 80)

Sonia Fleury, en quién nos hemos apoyado a lo largo de este trabajo, también nos presenta en su libro “Estado sin ciudadanos” (1997), una tipología que trata de presentar en tres tipos ideales las distintas naturalezas de la protección social, así como la ciudadanía que está implícita. En primer lugar está el modelo de Asistencia Social. Bajo esta modalidad los beneficios consistirán en la provisión de bienes o servicios a los individuos o grupos sociales que no pueden participar en el mercado. Los beneficiados deberán demostrar su incapacidad para atender por sí mismos sus necesidades, por lo que la ayuda estará orientada a objetivos muy puntuales y tendrán un carácter temporal. Los recursos de este modo de protección social provienen de fondos sociales o donaciones financieras, públicas o privadas, cargadas de un matiz caritativo. En este sentido, el efecto generado por la política social es el de la discriminación y la descalificación, ya que la población objetivo del beneficio perderá otros derechos de ciudadanía y estará marcada por el estigma de su propio fracaso social. El segundo tipo ideal, llamado Seguro Social, procura garantizar beneficios asociados a las contribuciones previamente realizadas por los trabajadores durante su etapa laboral activa. El objetivo es preservar el status socio-económico en situaciones de vejez o invalidez, es decir, de pérdida de la capacidad laboral. El financiamiento consiste en un aporte tripartito entre la empresa, el trabajador y el Estado. Para la autora, este tipo de protección corporativista tiene como fin la manutención y reproduce los privilegios de clase asociados a la jerarquía, rango o posición alcanzados durante la vida productiva, reforzando una estructura social de marcadas diferencias. Por último nos presenta la modalidad de Seguridad Social, orientada por el principio de justicia social y enfocada en ofrecer a los ciudadanos un mínimo vital de renta, bienes y servicios a todos por igual. En este caso, el Estado es enteramente responsable de financiar y proporcionar los beneficios a los miembros de su respectiva comunidad política, planteándose como objetivo la redistribución de la riqueza y la corrección de las desigualdades que produce la lógica mercantil. La inclusión social se convierte en la premisa de acción, donde los servicios ofrecidos se conciben como derechos universalizados. Como se acotó líneas arriba, cada modelo supone un tipo de ciudadanía: en la asistencia social, la ciudadanía se encuentra invertida (obtención del beneficio previa demostración de la necesidad o incapacidad), en el seguro social la ciudadanía esta regulada (obtención del beneficio sólo si perteneces a la estructura productiva de la sociedad), y en la seguridad social la ciudadanía es universal (la obtención del beneficio se orienta a la totalidad de los ciudadanos). La tipología presentada por Fleury destaca por su sistematicidad, y por mostrar de forma bien precisa los aspectos técnicos, económicos y valorativo-ideológicos que están implícitos en cada modelo de protección social.

Por último, no quisiéramos dejar a un lado el esfuerzo de Yolanda D´Elia (2006) por presentarnos cuatro modelos de políticas sociales, que sin dejar de tener similitudes con las modalidades anteriormente descritas, resultan complementarios para los intereses de este trabajo. D´Elia nos habla de un modelo meritocrático, uno institucional, uno residual y por último, un modelo universal-equitativo. Cada uno de estos modelos responde a un proyecto político con un respectivo enfoque de sociedad. En el modelo meritocrático, la política social es una recompensa por el esfuerzo demostrado como trabajador a lo largo de tu vida. Los beneficiados son los trabajadores y sus respectivas familias, y el Estado busca desarrollar acciones que permitan a la población incorporarse en el mercado de trabajo, asegurar a los trabajadores que contribuyeron, y asistir a los que no pudieron contribuir. En este sentido, el Estado funge “como un mecanismo asistencial complementario cuando la estructura familiar no funciona; es decir, cuando en la familia no hay trabajadores o no los hubo” (D´Elia, 2006: 33). En el modelo institucional de política social, dado que el objetivo principal es el crecimiento económico, el fin de la política será estimular la productividad y la acumulación de capital, así como garantizar el acceso a los frutos de dicho crecimiento. Se considera que el crecimiento económico no puede dejarse a los vaivenes o fluctuaciones del mercado, por lo tanto, el Estado tendrá la responsabilidad de estabilizar la producción y el consumo, beneficiando con recursos a los sectores poblacionales pertenecientes a ambos lados. El bienestar bajo este enfoque está asociado a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de su contribución a la economía. Las dimensiones del aparato estatal crecen bajo esta modalidad, estimulado por la solidaridad y el bien colectivo como principios rectores. Por estas razones “la política social se convierte así en un mecanismo más permanente, amplio y seguro de acceso al bienestar que ayuda a liberar a las personas de la inseguridad y las desigualdades que existen en los mundos del mercado y la familia” (Op. Cit.: 34). Por el contrario, en el modelo residual de política social, el Estado interviene poco o nada en las dinámicas sociales o económicas. La política social supone un costo u obstáculo al proceso de acumulación de capital y a la expansión de la economía, por lo tanto, la finalidad consiste en ayudar a los individuos en casos extremos de incompetencia o incapacidad para satisfacer sus requerimientos por su propia cuenta, y sólo por el tiempo necesario, para así evitar que se cree una relación de pertenencia con los beneficios otorgados. Antes que achicarse, el Estado cumple otras funciones, más de carácter punitivo o represivo, ejerciendo un control que “puede ir desde la culpabilización de los pobres por su condición, hasta el ejercicio de medidas de castigo por infringir la norma según la cual toda persona respetable debe tener ingresos propios” (Op. Cit.: 36). Finalmente, está el modelo universal-equitativo, caracterizado por la convergencia entre lo económico y lo social, es decir, la promoción de un bienestar económico asociado al desarrollo de un modo de vida democrático, de pleno ejercicio de la ciudadanía. En un contexto de profunda desigualdad y exclusión política, social y económica, las políticas sociales emprendidas bajo este modelo tendrán como propósito fundamental crear esferas de participación con un radio de acción cada vez más amplio, fortaleciendo las capacidades y competencias de los ciudadanos, conducidos por el principio de la equidad y la corresponsabilidad en el bienestar colectivo. Así descrita, la política social tendrá la forma de “un derecho no sólo de acceso a medios para satisfacer necesidades sociales, sino de habilitación para ganar espacios políticos que permitan su ejercicio. En este modelo las personas son ciudadanos activos y no únicamente personas asistidas” (Op. Cit.: 37)

Las tipologías expuestas, a pesar de sus fuertes similitudes, muestran la evolución de un debate que a nuestro parecer, tiende hacia el rescate de la política y la participación en los asuntos públicos, en aquellos temas de interés colectivo. El valor plenamente reconocido que tiene una dinámica participativa en los procesos de planificación, no deja a un lado reflexiones de suma importancia política, como aquellas que interceptan la calidad o profundidad de la participación, su periodicidad, así como el peso, organización o influencia que poseen los actores participantes para incidir en la decisión final. El ejemplo de las políticas públicas, en este caso las políticas sociales, como efecto o salida esperada del proceso de planificación en el Estado, forma parte de las dimensiones de la política (entendiendo a las políticas públicas como acción, proyecto, obra o norma para intervenir en las relaciones sociales) y reflejan el output (Easton) en un sistema político, siendo el resultado de la decisión donde intervinieron (o dejaron de intervenir) una pluralidad de actores públicos y privados.

(1) Ver al respecto el concepto de “proyecto sociopolítico” en Gómez, Luis y Margarita López (1989). “Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985” (primera parte) de Gómez, Luis, Margarita López y Thais Maingon. De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. pp.15-103


BIBLIOGRAFÍA

• Bustelo, Eduardo (2000): De otra manera. Ensayos sobre política social y equidad. Argentina. Homo Sapiens ediciones.
• D´Elia, Yolanda (2006): La cuestión social en las políticas públicas, en Maingon, Thais (Coord.): Balance y perspectivas de la política social en Venezuela. Caracas. ILDIS/CENDES/UNFPA. Extraído el 03 de abril de 2010 desde http://www.ildis.org.ve/website/p_index.php?ids=7&tipo=P&vermas=56
• Fleury, Sonia (1997): Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina. Argentina. Lugar Editorial.
• Gómez, Luis y Margarita López (1989): Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985 (primera parte), en Gómez, Luis, Margarita López y Thais Maingon. De Punto Fijo al Pacto Social. Caracas. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
• Marshall, Thomas Humphrey (1997 [1949]): Ciudadanía y clase social. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Centro de Investigaciones Sociológicas. Nº 79. Julio-Septiembre. Extraído el 03 de abril de 2010 desde http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_079_13.pdf
• Montagut, Teresa (2000): Política social. Una introducción. Barcelona, España. Ariel Sociología.
• Morin, Edgard (1981): Para salir del siglo XX. Barcelona, España. Editorial Kairós.
• Titmuss, Richard (1981): Política social. Barcelona, España. Editorial Ariel.

Comunicación, autoestima y democracia

Por: José Luis Tapia Sandoval

En una reflexión sobre la posibilidad de enfrentar nuestras fallas de comunicación, visualizar las consecuencias personales y sociales que generan, y entender cuáles pudieran ser las herramientas para cambiarlas, es inevitable preguntarse sobre los vínculos entre estos factores y nuestras posibilidades de convivencia en el mundo, o para decirlo de otra forma, las posibilidades de la democracia.
En un primer punto, pareciera existir una relación evidente entre las variables de la comunicación y la democracia. En condiciones ideales de comunicación, la práctica de la empatía, la asertividad y la escucha activa son prácticas que facilitan el diálogo, relación de comunicación por excelencia, y en esa medida, el reconocimiento de la diferencia, de la alteridad, del Otro. Dicha práctica se hace aún más urgente cuando caemos en cuenta del contexto heterogéneo y multicultural de muchas de nuestras sociedades: La conciencia de esta situación -las manifestaciones de diversidad interna en las sociedades desarrolladas-, supone el reconocimiento de una fuente de conflictividad, ante el inevitable enfrentamiento entre las respectivas pretensiones de verdad que imposibilitaría la convivencia y el acuerdo político (Thiebaut). Por lo tanto, valorar nuevas formas de comunicarnos con el Otro es visualizar nuevas formas de ejercicio ciudadano, con capacidad para mirar tus propias convicciones con distancia crítica y darle espacio a otras visiones del mundo. Como decía Carlos Thiebaut, en el diálogo se establecerían las posibilidades de emergencia de un poscreyente, un individuo capaz de situarse en un lugar tal que le permitiría examinar aquellos principios que rigen su concepto de verdad, descartando su carácter absoluto e irreflexivo, al mismo tiempo que consideraría los criterios de validez de otras particularidades culturales, concientizando la falibilidad de la propia creencia y reformulando el interés crítico.



Como segundo aspecto, ¿pudiera existir algún tipo de relación entre autoestima y democracia? Veamos. A riesgo de descuidar otros aspectos importantes en las consideraciones sobre las democracias contemporáneas, considero que podría existir una relación precisa entre autoestima y democracia. Entiendo que una persona con autoestima es una persona que busca constantemente desarrollar sus energías y sus capacidades para la liberación, para vivir la vida a plenitud. ¿No sería natural que este ser humano pueda desarrollar sensibilidad hacia aquellas situaciones o personas que de alguna manera no pueden acceder a los mismos privilegios, hacia problemas terrenales de exclusión, pobreza, maltrato, discriminación, ya que son problemas que sofocan o sencillamente anulan el crecimiento de hombres y mujeres? Por lo tanto, seres humanos con autoestima son seres afectados por la injusticia en cualquiera de sus formas y posiblemente comprometidos con la búsqueda de soluciones en sus respectivos radios de acción. En este caso, estaríamos hablando de la posibilidad de un ejercicio distinto de la ciudadanía. Sin embargo, la relación entre autoestima y democracia no es unidireccional, es bidireccional. Un sistema democrático, donde se garanticen los espacios de intervención de aquellos sectores más desposeídos, es un sistema que puede hacerle un gran favor a la autoestima. Por ejemplo, la sensación de un miembro de un consejo comunal, que gracias a su esfuerzo, su perseverancia y su constancia, ha logrado la aprobación de un proyecto para la construcción de una escuela en su comunidad, o de un ambulatorio, es una sensación gratificante, altamente satisfactoria, que le otorga sentido a su vida. Reconocerse como parte de la historia de su comunidad, como palanca de cambio en el destino propio y de otras personas, ofrece las condiciones para el florecimiento de las energías internas. En tal sentido, la existencia de instituciones democráticas que canalicen las necesidades legítimas de de la población también pudiera ser un contexto propicio para potenciar la autoestima como “fuerza fundamental para mi desarrollo como persona” (Barroso).




BIBLIOGRAFÍA

• BARROSO, Manuel: Autoestima: ecología o catástrofe. Editorial Galac. Caracas, 1998.
• PASQUALI, Antonio: Comprender la comunicación. Monte Ávila Editores. Caracas, 1990.
• SATIR, Virginia: En contacto íntimo. Cómo relacionarse con uno mismo y con los demás. Editorial Concepto. México, 1990.
• ---------------------: Nuevas relaciones en el núcleo familiar. Editorial Pax México. México, 2002.
• THIEBAUT, Carlos: Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Paidós. Barcelona, 1998.