domingo, 27 de diciembre de 2009

Algunas ideas sobre la relación entre la política y la planificación

Para develar si existe o no una relación entre planificación y política, es importante delinear un campo conceptual mínimo donde podamos transitar. En primer lugar, hay que acotar qué debemos entender por política. De acuerdo a Dowse y Hughes (1975 [1972]) existen dos grandes tradiciones intelectuales que buscan definir la política. Una de estas tradiciones la delimita como las condiciones del orden dentro del Estado, mientras que la otra corriente concibe a la política como una característica presente en la mayoría de las relaciones sociales, considerando que el poder se genera, desarrolla y se ejerce en toda institución o grupo social. Para los autores, esta última definición es la más apropiada, tomando en cuenta que no restringe el estudio de la política en torno a las instituciones y actores del Estado, sino que abarca todas aquellas conductas de poder, es decir, a las distintas formas cómo se manifiesta y se practica el poder en múltiples contextos sociales. Asimismo, en Caminal (2006) también nos muestran a una política con dos rostros, uno de ellos mirando hacia los fenómenos del gobierno, y las relaciones de poder en las instituciones que definen al Estado, y el otro rostro mirando hacia cada una de las expresiones del poder, en la vida pública y privada. Adoptar la primera perspectiva es detenerse en los actores políticos públicos, investidos de una autoridad y que ejercen la política como profesión:

La centralidad de la política como gobierno reside en el conjunto de instituciones públicas y políticas. Los poderes públicos del Estado, los partidos políticos, las instituciones políticas internacionales o los gobiernos de otros estados son protagonistas, influyen o contribuyen, en mayor o menor grado, a la formación de los procesos decisionales y a la adopción de decisiones políticas que vinculan al conjunto de la sociedad civil (Caminal, 2006: 32)


Por el contrario, colocarse en la posición donde la política se aprecia como una revelación permanente de las relaciones que tejen la trama social, significa asumir que todos nuestros actos en sociedad están condicionados por las controversias en torno al poder. La política atravesará el grueso de nuestros encuentros y desencuentros, así nuestra participación en cualquier instancia de representación sea escasa o nula:

La política es un fenómeno que se encuentra en y entre todos los grupos, instituciones (formales e informales) y sociedades, pasando por la vida publica y privada (…) la política trata del poder: trata de las fuerzas que influyen y reflejan sus distribución y empleo y la distribución de los recursos; de la capacidad de transformación de los agentes sociales, los organismos y las instituciones; no trata del gobierno, o sólo del gobierno (Held y Leftwich, citado en Caminal: 29)


Pudiéramos anticipar entonces que, independientemente de cual sea el concepto de lo político que adoptemos (fenómeno de gobierno o fenómeno social), la planificación poseería una ineludible carga política, ya sea como cuerpo de metodologías al servicio del Estado, o como proceso de conquista sistemática de unos objetivos en cualquier colectivo u organización social. En este sentido, veamos algunas aproximaciones al concepto de planificación.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Planificación (1), la planificación debe ser entendida como una “tecnología permanente, ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su cambio estructural de conformidad con la Constitución de la República”. Nos dice la ley, que para que se pueda lograr la imagen objetivo deseada, los planes deben ser viables económica, financiera y técnicamente, pero antes que todo, deben tener viabilidad socio-política, asumiendo la existencia de esta última en la medida en que los planes cuenten con mayor o menor participación y respaldo de los sectores sociales. En este punto, estaríamos interpelando a la planificación en sus posibilidades de constituirse como un proceso pleno de legitimidad (2). Dado que la planificación al servicio de las instituciones del Estado responde a las demandas o entradas de información al sistema (Easton), sus productos no pueden llevarse a cabo sólo a través del uso de la coerción, sino contando con la aprobación de los sectores sociales de su interés. La aceptación y conformidad con respecto a las decisiones tomadas en el Estado, varían de acuerdo al grado de coincidencia con las ideas y creencias predominantes en una sociedad:

Decisiones basadas exclusivamente en la fuerza bruta no son un fundamento sólido para a continuidad de una comunidad: el poder –que nunca renuncia a la coacción- ha de recurrir forzosamente a la magia, la religión, la ciencia o la ideología para justificar sus intervenciones y asegurarse el asentimiento más amplio posible de los gobernados. De ahí el esfuerzo de quiénes ejercen poder por recurrir también de un modo o de otro al mundo de los símbolos y de los valores (Vallés, 2006: 40).


Castellano (2004) nos señala que, a pesar del largo recorrido teórico que versa sobre el concepto de planificación, no es aventurado asomar algunos rasgos comunes, presente en los esfuerzos por acotar el término. En este sentido, al hablar de planificación ineludiblemente hablaríamos de relación entre medios y fines, de anticipación a la realidad y proyección de un futuro deseable, de sistematicidad y de procesos. Tomando en consideración, según el autor, estas constantes ya especificadas, y los enfoques que sobre la planificación se tienen tradicionalmente y en la actualidad, se puede establecer que:

La planificación es un método bajo la forma de proceso, para la toma de decisiones en torno al mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, cumpliendo los siguientes requisitos: la minimización de costos, la maximización de beneficios y el mantenimiento de equilibrios dinámicos entre las fuerzas sociales que poseen los recursos, desean poseerlos o se ven afectados por el uso que de ellos se haga (Castellano, 2004: 62).



De este concepto es importante resaltar la última consideración sobre el equilibrio, como uno de los requisitos del proceso de planificación. Las condiciones de existencia de tales equilibrios descubren asuntos profundamente políticos, tomando en cuenta las desigualdades en el acceso a los recursos, y los movimientos, flujos y contraflujos de los actores que se derivan para obtenerlos. Como complemento al concepto antes señalado, Castellano nos aclara que existen una serie de características deseables en la planificación, a fin de que pueda cumplir con el mandato o función que le impone la sociedad. Una de estas características es la participación, es decir, la confluencia de aquellos actores afectados por el problema, para la búsqueda de soluciones consensuadas. Como bien nos indican Cohen y Martínez (2004), existen varias razones para sustentar que la participación aumenta la eficacia y el impacto de los proyectos sociales, en tanto que las necesidades del colectivo están plenamente expuestas en el diagnóstico, además de que se genera una positiva sensación de propiedad sobre las alternativas de solución formuladas. El valor plenamente reconocido que tiene una dinámica participativa en los procesos de planificación, no deja a un lado reflexiones de suma importancia política, como aquellas que interceptan la calidad o profundidad de la participación, su periodicidad, así como el peso, organización o influencia que poseen los actores participantes para incidir en la decisión final. El ejemplo de las políticas públicas -como efecto o salida esperada del proceso de planificación en el Estado- forma parte de las dimensiones de la política (entendiendo a las políticas públicas como acción, proyecto, obra o norma para intervenir en las relaciones sociales) y reflejan el output en un sistema político, siendo el resultado de la decisión donde intervinieron (o dejaron de intervenir) una pluralidad de actores públicos y privados.

Si aceptamos como válidos los intersticios antes descritos entre la política y la planificación (que están lejos de agotarse aquí), bien cabe considerar al análisis socio político como disciplina de estudio con total pertinencia y relevancia en la explicación y comprensión de los procesos planificadores en una sociedad.

Si ya dijimos que, según la normativa venezolana, todo plan debe ser viable política y socialmente hablando -asumiendo que la viabilidad dependerá del grado de apoyo de los sectores sociales involucrados-, o lo que es decir lo mismo, debe ser legítimo (3) entre los actores que son objetivo del plan, el análisis socio-político tendrá como foco de interés el respaldo popular que acompañe a todo acto planificador. Desde su origen, sus altibajos, su posible consolidación y condiciones de estabilidad, hasta sus posibilidades de refundación, serán objetos de investigación del análisis sociopolítico.

De igual forma, al considerar a la planificación como un proceso que se robustece en la medida que crea espacios para el ejercicio democrático y participativo, saber quiénes son los que participan y quiénes no, por qué participan, cuáles son las reglas de juego y si en el transcurso del tiempo cambian, conocer cuáles son los problemas que se debaten, saber cómo llega un problema (como input) a ser reconocido como tal, por qué es reconocido por unos actores y otros no y cómo influye la comunicación en la participación, por sólo nombrar algunos temas, tendrían cabida en la pesquisa socio política. Decimos, junto con Vallés (Op. Cit.: 381) que un problema es una situación insatisfecha, que describe una distancia para los actores entre lo percibido y lo esperado. Esta distancia en gran parte dependerá de la dimensión simbólica que manifieste una sociedad, o de los imaginarios sociales, como nos señalaba Castoriadis (4). Cada imaginario expresa sus propios problemas y conflictos, que no obedecen todo el tiempo a un principio de determinación material; de igual forma atienden a la carga de sentidos y valores que se instituyen en una sociedad. En este sentido, dado que la planificación también apunta al universo simbólico (5), por ende, a la distinción valorativa entre unos problemas y no otros, necesariamente se convierte en un campo rico en asuntos políticos de primer orden que merecen la atención del analista. Valga acotar que la movilización de unos actores para recortar la distancia entre lo recibido y lo esperado, o el desconocimiento de otros actores de tal necesidad, traducidos en demandas o inputs de un sistema político, es igualmente centro del análisis sociopolítico.
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1) Ley Orgánica de Planificación, Gaceta Oficial Nº 5.554 de fecha 13 de noviembre de 2001, República Bolivariana de Venezuela.
2) “Cualquier actor (…) que interviene en un conflicto aspira a que su intervención no tenga que descansar exclusivamente en su capacidad de forzar la voluntad de los demás: aspira a que estos admitan sus propuestas sin necesidad de acudir a la coacción. Para ello, pretende justificar su intervención: es decir, presentarla como justa y merecedora de la aceptación voluntaria de todos los actores. E incluso cuando se recurre a la aplicación de cierto grado de violencia o coacción, se presenta esta coacción como necesaria. Esta capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone suele conocerse como legitimidad.” (Vallés, 2004: 39)
3) Véase el concepto de legitimidad citado líneas arriba.
4) Ver Fressard, Olivier: “El imaginario social o la potencia de inventar los pueblos”. Disponible en: http://www.fundanin.org/fressard.htm. Consultado el día 17 de octubre de 2009.
“El proyecto ético Socialista Bolivariano tiene como misión la superación de la ética del capital, y se centra en la configuración de una conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral colectiva, que solo puede ser alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la transformación material de la sociedad y el desarrollo de la espiritualidad de los que habitamos en este hermoso espacio de tierra que es Venezuela. Tal dialéctica debe llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros mismos no nos cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad exterior.” Este texto forma parte del Enfoque, que justifica la Nueva Ética Socialista, como primer lineamiento del Plan de Desarrollo Social y Económico de la Nación 2007-2013, también conocido como Plan Simón Bolívar o Primer Plan Socialista de la Nación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Caminal Badía, Manuel (2006). Manual de ciencia política. Editorial Tecnos.
2. Castellano, Hercilio (2004). Planificación: herramientas para enfrentar la complejidad, la incertidumbre y el conflicto. Caracas, Centro de Estudios para el Desarrollo-Universidad Central de Venezuela.
3. Cohen, Ernesto y Martínez, Rodrigo (2004). Conceptos básicos de formulación, evaluación y monitoreo de programas y proyectos sociales. Documentos del Congreso Internacional sobre Formulación de Proyectos Sociales. Secretaría de la Integración Social Latinoamericana-CEPAL-FLACSO. Extraído el 17 de octubre de 2009 desde: www.sisca.int .
4. Dowse, Robert y Hughes, John (1975). Sociología política. Madrid, Alianza Editorial.
5. Fressard, Olivier. El imaginario social o la potencia de inventar los pueblos. Consultado el 17 de octubre de 2009 desde: http://www.fundanin.org/fressard.htm.
6. Ley Orgánica de Planificación, Gaceta Oficial Nº 5.554 de fecha 13 de noviembre de 2001, República Bolivariana de Venezuela.
7. Presidencia-República Bolivariana de Venezuela (2007). Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Caracas. Extraído el 17 de octubre de 2009 desde http://www.gobiernoenlinea.ve/
8. Vallés, Josep (S/F). Ciencia política: una introducción. Barcelona, Editorial Ariel.

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