martes, 26 de abril de 2011

Ciudadanía y subjetividad en el “cooperativismo revolucionario”

Existe cierto consenso sobre la necesidad de orientar o redefinir las políticas sociales en función de la construcción de sistemas democráticos más sólidos, o analizarlas en función de los beneficios que implica para los ciudadanos. En escenarios de fuerte exclusión y concentración del poder económico y político, la universalización de derechos sociales debe estar acompañada de mecanismos para la participación de los sujetos en la definición de las políticas y en la redistribución equitativa de los recursos materiales y simbólicos que permiten generar bienestar en la población. El ejercicio de la ciudadanía social (Marshall) supone la creación de espacios y condiciones que permitan a los miembros de una comunidad política involucrarse en los procesos de toma de decisiones y producir innovación y cambios que redunden en crecimiento personal y beneficios colectivos, asumiendo la corresponsabilidad conjuntamente con el Estado en la satisfacción de las necesidades sociales:

Los derechos sociales están siempre asociados a cierta forma política [y cultural] de entender la ciudadanía y, en esta perspectiva, se vuelve más relevante considerar lo que determinada política social implica en beneficio de la ciudadanía, que analizarla en función de los resultados monetarios o de cualquier otro tipo de valor físico para sus beneficiarios (Dos Santos [1979], citado en Calderón, 2002: 96)


De igual forma, nos señala Bombarolo que:

“Son amplios y diversos los sectores que proponen como respuesta a estos interrogantes promover la ampliación y mayor efectividad de los canales de participación ciudadana para aumentar el control social en los procesos en los que se decide la distribución del poder económico y simbólico generado por el conjunto de la población” (Bombarolo, 2003: 36)

A fin de diseñar mecanismos eficaces para la incorporación plena y consciente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, Bombarolo también nos advierte sobre la importancia de revisar los objetivos últimos de la participación, verificar las condiciones mínimas así como los aspectos económicos que hagan sostenible en el tiempo las dinámicas participativas, preguntarnos hasta dónde es posible o necesario abrir espacios de participación y consulta social, tomar muy en cuenta los deseos y propuestas de la ciudadanía convocada y evaluar las posibilidades de que la sociedad civil se incorpore en la discusión de los temas estructurales o de importancia nacional.

Si bajo el modelo institucional-keynesiano de política social, la ciudadanía era pasiva (D´Elia, 2006), bajo un modelo democratizador, universal y equitativo, la ciudadanía asume un papel mucho más activo, abriéndose radios de acción más amplios frente al poder constituido. La democracia como valor, como imperativo ético, y el ejercicio ciudadano como principio, como práctica cotidiana, constituyen los propósitos de la política social.

En este fondo de acuerdos sobre la obligatoria interpelación ciudadana en la garantía de los derechos sociales, resulta importante debatir cuáles son las características de la participación abanderada, así como los aspectos subjetivos implícitos. Estas cuestiones adquieren particular notoriedad en un contexto como el venezolano, en el que se han gestado una serie de procesos desde el Estado orientados, al menos discursivamente, a promover el “empoderamiento ciudadano” en las distintas fases o etapas del ciclo de vida de las políticas públicas. Ahora bien, si en la última década el marco legal e institucional de la participación ciudadana ha crecido de una forma nunca antes vista en la historia política venezolana, habría que interrogarnos sobre qué tipo de ciudadanos se están creando, a partir de los aspectos simbólico-valorativos en juego, las identidades conformadas, los linderos psicosociales. Como bien apunta Calderón (2002: xxx) para alcanzar una visión integral sobre el desarrollo, habría que colocar al ciudadano como sujeto central, en este sentido, la ciudadanía social debe permearse de la política, y la política debe hacerse social. La distribución de bienes y servicios sociales bajo criterios de igualdad, justicia y equidad plantea asuntos políticos de primer orden y revela conflictos importantes en las proporciones o cuotas de poder entre los actores que hacen vida en una sociedad, que se verán atenuados o intensificados a partir de los procesos de subjetivación que estén detrás de los esfuerzos por fortalecer a la ciudadanía.

Una vía clara para iniciar un debate al respecto la encontramos en el análisis de aquellos actores que se han conformado al paso de las nuevas políticas sociales, que alcanzan su definición en los objetivos de los programas y proyectos sociales planificados desde el Estado venezolano. Madres del Barrio, médicos integrales comunitarios, alfabetizadores de la Misión Robinson, voceros de comités de salud, facilitadores de la Misión Ribas, promotores comunitarios, entre otros, son algunos ejemplos de intermediarios entre el Estado y las comunidades, para la ejecución de los programas sociales:

“(…) los agentes sociales (…) son los actores privilegiados para `resolver, apoyar, incentivar´ la participación comunitaria como eje para la resolución de las `necesidades sentidas´.” (Cardarelli y Rosenfeld, 2000)

De acuerdo a esta definición, el rol de los agentes sociales va más allá de sus aspectos instrumentales -en tanto personal delegado para la ejecución de los programas o proyectos sociales-, y se ubica como soporte fundamental en la construcción de nuevos imaginarios colectivos funcionales a los intereses de los planificadores:

“(…), cada agente social tiene su lugar, su identidad y su razón de ser, se comparten valores, se modelan conductas individuales y colectivas. Las formas simbólicas conforman un campo común en donde se articulan las imágenes, las ideas y las acciones (…), los proyectos y programas que `descansan´ para su implementación en la figura de los agentes sociales se constituyen en dispositivos políticos y sociales, que producen una forma de tratamiento de los grupos pobres –atributos y reglas de juego naturalizadas- que impactan en la subjetividad de todos los actores involucrados” (Cardarelli y Rosenfeld, Op. Cit.: 26 y 27)


Buena parte de los programas sociales emprendidos por el estado venezolano, en particular desde la implementación de las Misiones Sociales y la aprobación de la Ley de los Consejos Comunales en el 2006, ha contado con el apoyo de “agentes sociales” que cargados de una identidad escindida, miran con dos rostros a la realidad sociopolítica del país: una hacia al Estado otra hacia las comunidades. El vocero de la mesa técnica o del comité de trabajo del consejo comunal, así como es población objetivo, es instrumento para la implementación de la política, y en este sentido, bien “representa” los intereses y las necesidades del colectivo y asume el trabajo de resolver las áreas-problema de la comunidad, pero de igual forma se erige en su radio de acción como un representante legítimo de la burocracia estatal, como miembro de una red de instancias e instituciones, como parte de un funcionariado, con todas las repercusiones asociadas al hecho de detentar la autoridad que brinda el conocimiento técnico y las vinculaciones a los centros de poder político. Esta misma “sensación” o filiación subjetiva puede ser experimentada por el facilitador de la Misión Ribas o el alfabetizador de la Misión Robinson:

Al ser apelados y legitimados como eje de los programas sociales, ellos van constituyendo progresivamente para sí una suerte de “identidad dividida”, aunque funcional, que combina (simplificadamente) el rol de promotores y acompañantes de transformaciones de la vida cotidiana de sus barrios con el de “delegados del Estado descentralizado” o de cuasi funcionarios territorializados (Op. Cit.: 39 y 40)


Un caso interesante para analizar bajo estas precisiones conceptuales es el que tiene que ver con la política de impulso al cooperativismo, bajo el modelo de desarrollo endógeno que adelanta el gobierno del presidente Hugo Chávez. Si bien este modelo supone la concreción de una fórmula económica y política afín a la ampliación de espacios democráticos, y funcional a la superación del modelo capitalista, al plantear mecanismos de gestión abiertos, participativos, de decisiones consensuadas, en donde incluso existen coincidencias de tipo ideológico-valorativo con la doctrina bolivarianista (Molina Camacho, 2008), constituyéndose el cooperativista en “agente social” ideal de la transformación, valdría la pena preguntarse si el modelo cooperativo, impulsado por el estado venezolano apunta hacia la construcción de una subjetividad distinta, enfocada en la creación de nuevos y plenos ciudadanos, o por el contrario, favorece la dependencia, la falta de autonomía, y la reproducción de "ciudadanos agradecidos".

La adopción del esquema cooperativo ha estado cargada de cuantiosas movilizaciones de recursos económicos y humanos en capacitación, acompañamiento, infraestructura, contrataciones, creación de nuevas instituciones, transformación de viejas instituciones, difusión de información, y cualquier cantidad de actividades vinculadas a su promoción y estímulo. Sin embargo, asumir esta política, de la forma cómo está siendo asumida, hacia un modelo de gestión que como principio se erige como un movimiento autónomo y voluntario, puede que no genere los resultados esperados para la defensa de derechos civiles, políticos, y en nuestro caso, sociales. Este escenario de extremo tutelaje, abre múltiples interrogantes sobre las posibilidades de edificar una ciudadanía activa, que asuma responsabilidades puntuales en la garantía de derechos de ciudadanía, y sugiere por el contrario, la creación de un entramado simbólico propio de las prácticas asistencialistas, y que han permeado las políticas sociales del estado venezolano de la última década (D´Elia y Maingon: 2009).

Estas cuestiones, sucintamente descritas en esta exposición, son susceptibles de ser ampliadas, rediscutidas y contextualizadas en futuros trabajos de investigación.



BIBLIOGRAFÍA.

• Bombarolo, Félix (2003): “El fortalecimiento de los canales de participación ciudadana frente a los retos de la desigualdad social”. En Bodemer, Klaus (Editor) Políticas públicas, inclusión social y ciudadanía. Red de cooperación eurolatinoamericana, Instituto de Estudios Iberoamericanos. Nueva Sociedad, Caracas.
• Calderón, Fernando. Construir ciudadanía. Nueva Sociedad, Caracas. D´Elia, Yolanda; Maingon, Thais (2009): La política social en el modelo Estado/Gobierno venezolano. Caracas, ILDIS-CONVITE.
• Cardarelli, Graciela; Mónica Rosenfeld (2000): “Con las mejores intenciones. Acerca de la relación entre el estado pedagógico y los agentes sociales”. En: Duschatsky, Silvia (Comp.) Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Buenos aires, Paidós.
• Molina Camacho, Carlos (2008): 200 preguntas y respuestas sobre cooperativas. Caracas, Panapo.

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