Política social y modelos de Estado

Considerando que, la forma cómo se definan los problemas sociales dependerá, no sólo de aspectos técnico-instrumentales, sino de una visión particular de sociedad, de un entramado de valores, de perspectivas sobre cómo funciona el mundo y el rol que tiene el ser humano en él, en otras palabras, dependerá de las posiciones éticas o políticas en juego, resulta bastante significativo analizar cuáles son los modelos de Estado que se conciben detrás de cada enfoque de análisis de la política social.  De acuerdo a D´Elia (2002), si queremos analizar el problema de la pobreza, por ejemplo, nos encontraremos con tres maneras de entender el asunto, con su correspondiente diseño de política social:

1. Enfoque económico (Políticas selectivas)
2. Enfoque de bienestar social (Políticas distributivas)
3. Enfoque de derechos humanos (Políticas inclusivas)

Bajo el primer enfoque, la pobreza es considerada básicamente como la incapacidad para satisfacer necesidades materiales, en especial las necesidades de orden nutricional. En este sentido, serán pobres todas aquellas familias que no perciban el ingreso total suficiente para comprar bienes, servicios y alimentos básicos. Cuando los ingresos totales del hogar son inferiores al costo de una Canasta Alimentaria, pues el grupo familiar se encuentra considerado dentro de la pobreza extrema. Dado que los indicadores son estrictamente económicos (suma de los ingresos), las causas de la pobreza son atribuibles al comportamiento económico el país en cuestión, y por lo tanto, el estímulo al crecimiento y a la acumulación de capital serán las soluciones principales, en la medida en que los beneficios tarde o temprano arroparán a los afectados. A fin de cumplir con este objetivo, el Estado buscará la eficiencia y la optimización en el uso de los recursos públicos, en este caso, reduciendo el gasto social y enfocándolo en las poblaciones más vulnerables. Este énfasis se denominará “política social selectiva”, ya que el Estado proveerá, de forma directa a o través de subsidios, los recursos necesarios para garantizar la subsistencia de los sectores más empobrecidos, en afinidad con las iniciativas privadas interesadas al respecto. A sabiendas de que la desigualdad y la pobreza son cánceres extendidos en la región (Calderón, 2002), emplear estrategias que ataquen el problema de raíz pareciera ser el camino más sensato. Sin embargo, bajo el enfoque económico -imperante en la década de los 80 y 90 del siglo XX y ampliamente adoptado por gobiernos y organismos internacionales (D´Elia, Op. Cit.: 3)-, se considerará prioritario desarrollar políticas orientadas a la productividad y a garantizar un clima favorable para el inversionista:

“La preocupación por la desigualdad en los análisis económicos tiene que ver más con aspectos como el impacto de los conflictos sociales en la estabilidad de la inversión y los niveles de productividad; así como en los desequilibrios fiscales causados por políticas populistas de respuesta inmediata a las demandas sociales” (D´Elia, Op. Cit.: 4)

En este contexto, la formulación y puesta en práctica de las políticas sociales -más parecido a acciones de caridad pero desde el Estado-, antes que responder a un conjunto de demandas provenientes de la sociedad civil, obedecen a presiones de organismos internacionales, en sintonía con intereses de sectores dominantes nacionales que abogan por mantener la dependencia externa (Pérez Baltodano, 1997).

            Ahora bien, bajo el segundo enfoque, la pobreza es el resultado, no sólo de un débil crecimiento económico, sino de fallas en la redistribución de los ingresos, desde los sectores más favorecidos hasta los estratos más bajos. Desde esta perspectiva, el cuadro de pobreza es trazado con desconocimiento de los adelantos modernos para la explotación de la tierra y la productividad, así como con paisajes de sub-empleo. Pudiéramos decir que bajo este enfoque la pobreza es considerada como falta de acceso a bienes económicos y sociales. Por ende, políticas de carácter universal, asumidas desde el Estado, y orientadas a impulsar la modernización económica (pleno empleo, tecnificación del aparato productivo, ampliación del sector industrial, mano de obra calificada) y la redistribución justa de las riquezas (traducida en seguridad social, educación gratuita y masificada, creación de sistemas sanitarios, entre otros) serán el objetivo principal para ofrecer un marco de protección, asistencia y justicia a todos por igual. Si bien los cambios asociados a este enfoque, tanto en aspectos culturales como en cobertura de la población por mucho tiempo excluida, son remarcables (Op. Cit.: 7), algunos resultados no esperados revirtieron procesos de consolidación democrática y eficiencia estatal:

El crecimiento de la burocracia del Estado y la cultura clientelar-patrimonialista contribuyeron a una enorme dispersión de recursos y al solapamiento de funciones; así como a la fragmentación y estratificación del sistema, de amplios beneficios para ciertos grupos y de cortas prestaciones para otros, a cambio de lealtades a partidos y gobiernos de turno. Además, como las políticas privilegiaron una distribución horizontalizada, no se generó realmente transferencias entre ricos y pobres (Op. Cit.7)

            A esto habría que añadir, desde el caso venezolano, algunas desviaciones que impidieron el fortalecimiento y sostenibilidad del Estado de Bienestar, como la dependencia petrolera y las respectivas distorsiones al proceso de industrialización y las importaciones, así como en el “universalismo segmentado” que se generó, producto de la cobertura a los sectores asalariados y contribuyentes (D´Elia, La Cruz, Maingon, 2006), situación que no se distancia mucho de la tendencia latinoamericana (Pérez Baltodano, 1997: 57).

            Por último encontramos el enfoque de derechos, en el que se parte de la necesidad de visualizar integralmente el conjunto de relaciones sociales presentes en un contexto histórico específico, y a partir de allí, entender los mecanismos de pertenencia, creación de identidad, inclusión o exclusión como factores claves para analizar la desigualdad y las posibilidades de desarrollo de las potencialidades humanas. Los indicadores económicos no son suficientes para comprender por qué no alcanzamos una vida buena. En el enfoque de derechos, se entra al terreno de los patrimonios éticos, y en tal sentido, se asumirá la pobreza como las condiciones de limitación de oportunidades para la expansión progresiva de las libertades positivas.

            Bajo esta perspectiva, la política social considera los problemas en su multidimensionalidad, y a la pobreza en sus aspectos estructurales. Así como se incluye los ingresos y el empleo en el análisis, también es igualmente relevante develar cuáles fueron las condiciones de acceso a educación, vivienda, salud, entre otros. Dado que la pobreza es el resultado de la discriminación y de procesos excluyentes, las políticas sociales deberán ser inclusivas, universales, orientadas a desplegar el abanico de opciones para que los seres humanos podamos aumentar nuestras posibilidades de vivir una existencia digna y plena.

            Como revisamos, cada uno de estos enfoques, para ser instrumentalizado, requiere de un aparato burocrático estatal particular, que ideológicamente y técnicamente, avance hacia los objetivos planteados. Entendido así, bajo el enfoque económico, el Estado adquirirá un matiz eficientista, de responsabilidades mínimas, que permita atender a las poblaciones o sectores más desfavorecidos, sólo en la magnitud justa para su supervivencia y por el tiempo estrictamente necesario. De igual forma, el Estado bajo un enfoque de bienestar social se adecua a sus propósitos, y en esta medida aumenta su tamaño para abarcar con sus mecanismos de protección a todos por igual, aumentando considerablemente el gasto social, creando leyes y regulaciones de orden económico y social, y ampliando el entramado institucional. Ahora bien, en el enfoque de derechos, si bien el Estado no deja de jugar un rol fundamental en la promoción del desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, la sociedad civil a través de su participación garantizará el pleno ejercicio de de los derechos reconocidos. En las políticas sociales selectivas, el Estado se enfoca en el crecimiento económico. En las políticas sociales distributivas, el Estado se enfoca en el consumo. En las políticas sociales inclusivas, el Estado se enfoca en la equidad.

BIBLIOGRAFÍA

·      D´Elia, Yolanda (2003) “Política social y pobreza”, en Informe Social 8, 2002, Venezuela. ILDIS. Caracas, pp 11-19

·      D´Elia, Yolanda/La Cruz, Tito/ Maingon, Thais (2006) “Los modelos de política social en Venezuela: Universalidad Vs. Asistencialismo, en Maingon, Thais (Coord.): Balance y perspectivas de la política social en Venezuela, ILDIS/CENDES/UNFPA, Caracas

·      Gordon, Sara (2003): “Ciudadanía y derechos: criterios distributivos”, en Serie Políticas Sociales, Nº 70, CEPAL, Santiago de Chile.

·      Isuani, Ernesto Aldo (2007): “Política social en la región: desafíos políticos y de gestión”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia 38.

·      Pérez Baltodano, Andrés (1997). Estado, ciudadanía y política social: una caracterización del desarrollo de las relaciones entre Estado y sociedad en América Latina, en Pérez Baltodano, Andrés “Globalización, ciudadanía y política social en América Latina. Tensiones y contradicciones”. Nueva Sociedad, Caracas.